"Prepara tu traje"

En una reciente clase de Derecho, un experimentado profesor conocedor del reparto del poder desde las altas eferas del Estado nos lo dijo sin rodeos, como quien ya vio el final mil veces: “A uno le llaman y le dicen. Prepara tu traje, ya está todo planchado… tú vas”.

No era teoría: era manual de operación.

Hoy esa escena cae perfecto para lo que viene en Jalisco: antes del 20 de enero, el Congreso tiene que decidir quién será la persona titular de la Fiscalía Anticorrupción.

Y la terna ya está en la mesa del Congreso desde el 8 de enero, días antes de que los legisladores evaluaran a los candidatos.

Ahora la pregunta no es “quién gana”.

La pregunta es: ¿Vas a creer que esto es anticorrupción?

El CPS: un “ciudadano”, de utilería

La Base Sexta del proceso lo dice con todas sus letras: el Comité de Participación Social (CPS) tiene 6 días hábiles para mandar su “opinión técnica”… al Gobernador y al Congreso.

Y si el CPS no entrega a tiempo, no se cae nada: “se continuará con el proceso”.

Eso no es contrapeso. Eso es un accesorio: adorna, legitima.

Y el propio acuerdo del CPS lo remata: su informe es “un insumo” para que Gobernador y Congreso “tomen una decisión informada”.

Si uno lee su dictamen y analiza cómo evaluaron, entiende que de “ciudadano” tiene poco.

Ahí hay compromisos. Ahí hay línea.

El CPS no existe para cuestionar. Existe para legitimar.

El Congreso… el colmo

El Congreso de Jalisco hizo lo de siempre: simular. Aprobó entrevistas para el 16 de enero, individuales, con cinco minutos por aspirante. No es broma, pero esos cinco minutos de evaluación ocurren días después de que llegó la terna del Gobernador.

Los elegidos

El gobernador Pablo Lemus dice que no intervendrá y que a él “solo” le tocó mandar terna.

Y en la terna van:

Ricardo Sánchez Beruben, el mismo a quien la Contraloría estatal lo sancionó con amonestación por no reportar una inversión en su declaración patrimonial, y aun así el CPS le dio el máximo puntaje en “inteligencia financiera”. Si, es quien tuvo a su cargo la coordinación de seguridad en Jalisco durante el sexenio de Enrique Alfaro. El mismo que negó la desaparición sistemática de personas. El mismo que nunca se enteró del rancho Izaguirre.

Tatiana Esther Anaya Zúñiga. Para muchos, quien ya tiene listo su traje. Aquí no hay ni misterio ni sorpresa: es la Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo de Jalisco (osea, es la abogada que le da consejos a Pablo Lemus). También ha sido Consejera en el Consejo de la Judicatura. Y, para amarrar el hilo político, fue funcionaria municipal en Zapopan durante el gobierno de Pablo Lemus. Traducción a lenguaje ciudadano: no es una fiscal para incomodar al gobernador; es el gobierno mandando a su propia abogada a “vigilar” la corrupción… del gobierno.

Eduardo Cipriano Manzanilla Aznárez. Otro perfil “de casa”, lo delata el directorio oficial: en info.jalisco.gob.mx aparece adscrito al Despacho del Gobernador, en el área Abogado General del Gobernador, en el periodo de Enrique Alfaro. O sea: otro cuadro del Ejecutivo —no un contrapeso— pero ahora con la posibilidad de firmar como “fiscal anticorrupción”. El uniforme cambia; el pasillo es el mismo.

Ese es el tipo de “detalle fino” que destruye el cuento del “rigor técnico”: si la evaluación premia justo lo que debería encender alertas, entonces la evaluación no está fallando: está cumpliendo su función real.

¿Cuál? Hacer que el sistema pueda decir: “se evaluó, se entrevistó, se ponderó”… y luego escoger, tranquilos, entre cuates, porque “están en su derecho a participar”, “así lo marca la ley”.

Cierro como lo diría el profe, sin maquillaje: “a uno le avisan cuando va, porque ya todo está planchado”.

¿Y tú? ¿Vas a creer que esto es anticorrupción… o vas a exigir que, por una vez, el puesto no se reparta como si fuera invitación a boda?